Gobierno Petro busca cerrar el cuatrienio con la tributaria más alta de la historia

Gustavo Petro se prepara para dejar su sello final en la política económica del país, tal y como quedó demostrado en la reciente socialización del proyecto de Presupuesto Nacional para el 2026, en la que se advirtió que irá por la reforma tributaria más alta en la historia del país, superando incluso la polémica reforma Carrasquilla, que tanto criticó.

Según se dijo desde el Ministerio de Hacienda, se trata de un proyecto de ley de financiamiento con el que su gobierno busca recaudar no menos de $26 billones y de inmediato pone a todos a pensar en los ajustes que deben hacerse para alcanzar estos montos, necesarios para estabilizar las finanzas del Estado.

La reforma, que según fuentes del Ministerio de Hacienda se presentará a finales de agosto, tendría efectos fiscales a partir de enero de 2026 y aunque aún no se conoce el articulado, el Marco Fiscal de Mediano Plazo reveló sus principales lineamientos, que pasan por un recorte drástico de exenciones, ajustes en impuestos al consumo y nuevos tributos ambientales, que ayuden a cumplir la regla fiscal y evitar una crisis de deuda.

Si bien algunos analistas y calificadoras prevén que esta propuesta no vea la luz, debido al ambiente político adverso en el Congreso, donde las mayorías son inestables y los reparos gremiales no han tardado en llegar; no deja de llamar la atención que la cifra solicitada y amarrada al Presupuesto General de la Nación como ley de financiamiento, es incluso más alta que los $23 billones que buscó Iván Duque al final de su mandato.

El corazón de la propuesta está en reducir el déficit estructural que amenaza con desbordar las finanzas públicas, en un contexto de bajo crecimiento, aumento del servicio de la deuda y caída del recaudo.

Si se aprueba en sus términos originales, la reforma de Gustavo Petro se convertiría en la más ambiciosa de las últimas dos décadas o, bien se puede decir, de la historia del país, teniendo en cuenta que según cifras del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, las reformas recientes recaudaron $19,7 billones en 2022 (Petro), $15,2 billones en 2021 (Duque), $13,5 billones en 2019 (Duque), $12,5 billones en 2014 (Santos) y $9 billones en 2012 (Santos).

Cabe recordar que a finales del 2021, el entonces presidente Iván Duque presentó una reforma por $23 billones al Congreso, que quedó a cargo de su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien tuvo que renunciar luego de la derrota que tuvo en el Legislativo, dado que la propuesta buscaba incluso modificar el IVA y fue rechazada de tajo.

La nueva meta que se fijó el Ministerio de Hacienda, incluso supera los niveles alcanzados por los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. Sin embargo, analistas advierten que el tamaño del recaudo no es el único factor determinante, ya que la legitimidad política, el diseño técnico y la seguridad jurídica de la reforma serán claves para su sostenibilidad y una mala implementación podría traducirse en litigios, evasión o ajustes fiscales improvisados en el futuro.

Con base en datos recopilados por Portafolio, se puede decir que Colombia ha tenido al menos 42 reformas tributarias desde 1900, según registros del Departamento Nacional de Planeación y las leyes aprobadas entre 1991 y 2022. Solo en el siglo XX se implementaron 24 reformas, y en las últimas tres décadas se sumaron 18 más, con lo cual el país ha modificado su sistema impositivo casi cada dos años, con cambios que van desde ajustes menores hasta transformaciones estructurales.

Por ahora lo único que se sabe, según afirmaciones del ministro de Hacienda Germán Ávila, es que entre las medidas que contempla el Gobierno está la eliminación progresiva de beneficios tributarios que hoy le cuestan al país más de $135 billones al año, concentrados en IVA, renta de personas naturales y jurídicas.

También se estudia una armonización del impuesto al consumo con el IVA, lo que podría implicar que productos como bebidas azucaradas, cigarrillos electrónicos o comidas ultraprocesadas pasen del 8% al 19%.

Otra novedad serían los llamados “impuestos verdes”, dirigidos a actividades con alta huella ambiental. En la mira están el carbono, los plaguicidas, el ruido industrial y los vapeadores. Y aunque el presidente ha insistido en que las clases medias no serán afectadas, el Ministerio de Hacienda evalúa elevar las tarifas marginales para los deciles de mayores ingresos en la renta personal.

Un punto que ha tranquilizado a ciertos sectores es que la propuesta no incluirá impuestos a las pensiones ni aumentos para personas de ingresos bajos. Tampoco se contempla un IVA generalizado, sino selectivo. “El objetivo no es golpear a la ciudadanía, sino corregir distorsiones del sistema tributario que hoy benefician a unos pocos”, explicó recientemente el ministro Germán Ávila.

Por último hay que decir que sin una reforma, el país tendría que recurrir a recortes drásticos o más deuda para cerrar la brecha fiscal en 2026, ya que el Gobierno activó en junio la cláusula de escape de la regla fiscal, lo que le permite excederse hasta 2028. Pero el compromiso asumido ante el FMI, las calificadoras y los inversionistas es que en 2026 Colombia volverá a una senda de responsabilidad fiscal.

El mismo Gustavo Petro ha advertido que si no se aprueba la reforma, el déficit podría mantenerse por encima del 5% del PIB, mientras que según Fitch, la deuda escalaría al 64% en 2027 y el margen para gasto social e inversión quedaría completamente reducido.

Es por eso que más allá de su contenido técnico, esta reforma se perfila como la última gran bandera de Gustavo Petro en materia fiscal y su objetivo es cerrar el ciclo con una redistribución más progresiva de los ingresos del Estado, apuntando a una estructura tributaria más justa.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las condiciones no son las de 2022 y hoy el Gobierno está más aislado, el Congreso menos permeable y los mercados más escépticos; por lo que la pregunta no es solo si la reforma se aprueba, sino si tendrá la legitimidad suficiente para perdurar; mientras que con las elecciones regionales y presidenciales a la vuelta de la esquina, la línea entre política fiscal y cálculo electoral será más delgada que nunca.

Fuente: Portafolio.co