Al Congreso llegó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 19-4 del Estatuto Tributario para eximir a las cooperativas y a las asociaciones mutuales del impuesto sobre la renta. 

La propuesta, que fue liderada por el senador Germán Blanco y la representante Olga Lucía Velásquez, busca que estas vuelvan a ser exentas siempre y cuando destinen el 20 por ciento de sus excedentes a financiar cupos y programas de educación formal en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación.
“Esta propuesta, que se estima en cerca de 500.000 millones de pesos durante los próximos cuatro años, no implica un beneficio o exoneración tributaria para este tipo de entidades, sino una reorientación en la aplicación de sus recursos con una destinación definida”, asegura el proyecto.
Hay que recordar que las cooperativas y mutuales son por disposición legal entidades sin ánimo de lucro y que son las únicas en esta condición que deben pagar hoy en día este impuesto, algo que los congresistas catalogan como “antitécnico”.
Según el proyecto de ley, las cooperativas ya tuvieron este tratamiento especial entre 2003 y 2016. Dicho 20 por ciento se tomaba de los fondos sociales que por obligación legal debían constituir y si una de ellas incumplía, la Dian tenía la facultad de hacer que perdiera la exención del impuesto y, por tanto, que tributara a esa tarifa bajo los parámetros de depuración fiscal aplicables a las empresas con ánimo de lucro.
En ese mismo periodo, el Gobierno elaboró disposiciones que fueron reglamentando la manera en la que las cooperativas aplicaría la destinación de ese 20 por ciento, algo que se denominó la “inversión en programas de educación formal”.
Esta se podía hacer a través de convenios con las secretarías de educación o con el Icetex y sirvió para la construcción de infraestructura educativa y la financiación de cupos de universidades públicas y privadas destinados a la población de menos ingresos, entre otros.
“Estos mecanismos de inversión en educación formal fueron plenamente reglamentados, sistematizados y auditados, con lo cual todo funcionó durante más de una década y así el sector cooperativo destinó alrededor de 1,2 billones de pesos a la educación”, asegura el proyecto.
Sin embargo, la Ley 1819 de 2016 estableció que a partir del 2017 tendrían que pagar el impuesto de renta a la Dian, conservando el 20 por ciento como la tarifa del tributo, y dichos recursos se destinarían a financiar la educación superior pública.
“Esa modificación tuvo un componente antitécnico porque un impuesto sobre la renta a unas entidades que son sin ánimo de lucro da un tratamiento desigual frente a otras que hoy sí están exentas sobre el impuesto sobre la renta”, indica el proyecto.
Adicional a ello, asegura que el cambio tuvo un “duro impacto” en las comunidades y grupos de población de estudiantes, que en muchos casos no volvieron a recibir el apoyo. “Tanto para las secretarías de educación como para el Icetex el cambio representó eliminar una serie de proyectos y programas”, indican.
El proyecto también tuvo la firma de otros senadores como Nicolás Albeiro Echeverry, Oscar Mauricio Giraldo, Mauricio Cuéllar y Pedro Flores, y de los representantes Luis Miguel López, Erika Tatiana Sánchez, Gabriel Parrado, Leyla Rincón Trujillo, Juan Carlos Vargas, Oscar Darío Pérez y Flora Perdomo.
Fuente: Eltiempo.com