Avanzar hacia un modelo tributario que elimine las complejidades del sistema, mediante reformas estructurales, la modernización de sus plataformas y equipos tecnológicos y el fortalecimiento de la cultura y educación tributaria son algunas de las tareas pendientes de Colombia en lo que al manejo de sus impuestos se refiere.
Así lo dejó claro el director de la Dian, Jairo Orlando Villabona, durante la rendición de cuentas de la entidad que se realizó este martes -26 de noviembre- y donde se recordaron cifras como que el contrabando le cuesta al país más de $7 billones al año y se advirtió que si bien se reconoce una mejoría en esta materia, todavía hay mucho por hacer.
Uno de los primeros puntos abordados por Villabona en sus intervenciones fue lo que el funcionario denominó como un sistema tributario complejo y de alto gasto, principalmente por las exenciones y beneficios que desde su óptica, le restan competitividad a Colombia y deben ser revisadas con urgencia.
“El gasto (tributario) de nuestro país es el más alto de América. En promedio, de los países de América, es más o menos el 3,5% del PIB y el nuestro, de acuerdo a las cifras de la Cepal, era cerca de 7,2%, muy por encima de los pares en la región. ¿Y eso por qué? Porque es que tenemos en el Código 294 beneficios tributarios. Eso es mucho”, indicó.
En este sentido fue enfático en que gran parte de estos beneficios no tienen un estudio riguroso frente a su relación costo beneficio, con lo cual se transita bajo un modelo del que no se tiene plena certeza sobre qué tanto impactan realmente en las dinámicas de crecimiento y competitividad para colombia.
“No se han otorgado con unos análisis ex-ante y ex-post. Cuando se da un beneficio tributario, ya sea por ingreso no constitutivo, por ascensión, por descuento, por lo que sea, debe darse con una razón fundamentada. Si el Estado no va a tener esos ingresos, tengo que demostrar que el beneficio que le estoy dando a la sociedad es superior a ese recaudo que yo estoy dejando de hacer”, manifestó.
Dicho esto, agregó que el país necesita una reforma estructural de su política tributaria, dado que la constante emisión de reformas tributarias parciales y leyes de financiamiento ha resultado en soluciones temporales para problemas de liquidez, en lugar de abordar la raíz de los flagelos que aquejan la economía.
“Ha pasado por el lobby que se ha hecho siempre, el lobby político que ha existido en nuestro país, eso ha minado nuestro sistema tributario de todos estos beneficios. Aquí la solución sería una reforma estructural de esto, pero vemos que cada año, cada dos años, estamos haciendo reformas o leyes de financiamiento, no importa el nombre que le pongamos, pero no son soluciones de fondos, solo se dan soluciones coyunturales”, sostuvo.
Pese a estas necesidades, el Director de la Dian lamentó la ausencia de voluntad política para implementar una reforma integral que permita resolver problemas estructurales y garantizar sostenibilidad fiscal a largo plazo y dejó claro que este es un tema que va más allá de lo económico e impacta lo social.
“Esto lo que hace es que tengamos los problemas que tenemos. Tenemos los problemas de salud, de educación, en infraestructura; tenemos muchos problemas de fondo en el país que no los solucionamos porque no generamos el recaudo suficiente y no los generamos por todo lo que hemos comentado”, acotó.
Ritmo económico
Otro de los apartados que llamó la atención en todo lo dicho por Villabona Robayo tuvo que ver con un punto que el mercado en general y los analistas han advertido, incluso desde el 2023, sobre las consecuencias que iba a tener la desaceleración en el recaudo tributario, ya que reconoce que efectivamente esto sucedió.
“El comportamiento de la economía no ha ayudado mucho en los sectores que más nos favorecen a nosotros. Los sectores que más han progresado han sido el sector agrícola y la administración pública, pero sectores tan importantes como el comercio y la industria no han crecido lo que deberían crecer”, aseguró.
A esto hay que sumar que, dicho por el Director de la Dian, la deuda externa de Colombia ha crecido significativamente en los últimos años, con un aumento superior a los $200 billones en tan solo dos años, situación que ha generado nuevas limitantes para la economía y la atención de las necesidades sociales.
Este crecimiento ha llevado a que gran parte de los recursos recaudados por la DIAN se destinen al pago de dicha deuda, limitando la capacidad del país para invertir en áreas estratégicas como salud, educación e infraestructura. Además, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ha requerido cerca de 40 billones de pesos para cubrir sus déficits, lo que suma presión al presupuesto nacional.