El Proyecto de Ley 300 de 2024, o ley de financiamiento, ha generado un amplio debate en la sociedad sobre sus implicaciones en la economía del país y en particular, en la declaración de renta de los contribuyentes.

De acuerdo con Ciro Meza, socio tributario de Baker McKenzie, tiene como objetivo sanear el déficit fiscal generado por la falta de recaudo que se ha presentado en 2024, dado que existe la necesidad de aumentar la financiación para el cumplimiento de las metas de ejecución frente a las iniciativas del Gobierno Nacional.

Por su parte, Catalina Jaramillo, socia de Impuestos de Brigard Urrutia, explica que “actualmente, se muestra un déficit del -3,3 % del Producto Interno Bruto (PIB). La ley de financiamiento busca cerrar la brecha de 12 billones de pesos en el presupuesto, que genera la diferencia entre los ingresos previstos (511 billones) y los gastos proyectados (523 billones)”. Y agrega que uno de los factores determinantes ha sido la caída en el recaudo tributario.

Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, a septiembre de 2024, el recaudo registró una disminución nominal del 8,2 % y real del 13,4 % frente al mismo periodo del año anterior, situándose en 3,3 puntos porcentuales por debajo de la meta proyectada.

Este contexto subraya la necesidad de adoptar medidas correctivas de corto plazo para garantizar la sostenibilidad fiscal del país.

Impacto

¿Pero cuál es el efecto de la Ley de Financiamiento en la obligación formal que tienen los contribuyentes de reportar al Estado sus ingresos, costos, deducciones, patrimonio, entre otros conceptos?

Jaramillo destaca que se enfoca principalmente en el incremento/ modificación de tarifas. “En cuanto a personas jurídicas, modifica la tarifa general de renta para personas jurídicas proponiendo tarifas progresivas marginales entre el 24 % y el 35 %; sin embargo, aunque propone esta reducción en la tarifa corporativa de renta, incrementa el porcentaje de tasa efectiva de tributación e incrementa tarifa de ganancias ocasionales, con lo cual no es claro en el incentivo al sector empresarial”, dice la experta.

Además, para personas naturales, eleva la tarifa máxima de renta del 39 % al 41 %, profundizando el impacto que experimentaron las personas naturales con ocasión de la reforma tributaria del 2023 presentada por el Gobierno.

“La reforma no propone aumentar el universo de contribuyentes sujetos al deber formal de declarar, ni disminuye los umbrales para determinar quién tendría una responsabilidad económica de cara al impuesto, de forma que el impacto lo sigue soportando el mismo rango de contribuyentes”, dice Catalina Jaramillo. Y añade que para la pequeña y mediana empresa se propone desarticular el régimen simple, lo cual en su criterio es un desacierto.

“Si bien este régimen requiere algunos ajustes para evitar abusos en su utilización, eliminarlo solamente profundizará el crecimiento de la informalidad, pues este régimen no solo promueve la formalidad con fundamento en tarifas preferenciales, sino la simplificación administrativa que es fundamental para pequeñas y medianas empresas”, concluye la experta.

A su turno, Meza de Backer Mckenzie señala que, dentro de las medidas para aliviar la carga fiscal de las empresas, se propone una disminución progresiva del impuesto sobre la renta en un uno por ciento anual, con el objetivo de llegar al 30 % en 2029 para sociedades con una renta líquida gravable inferior a $5,647 millones de pesos.

No obstante, esta tiene como contrapeso un incremento de la tasa de tributación depurada, también llamada ‘tasa mínima’ para sociedades nacionales, la cual pasaría del 15 al 20 %, de aprobarse el proyecto.

Fuente: Portafolio.co